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Casi todo lo que envuelve Rusia parece tocado por la varita del soborno o la estafa. Recientemente, las críticas se han cebado con el ejército ruso, donde según fuentes de la Fiscalía Militar, habrían desaparecido más de 3.000 millones de rublos.¿Dónde estaría ese dinero? Perdido principalmente en delitos de corrupción, según la misma fuente, ya que al menos una de cada tres infracciones cometidas en el seno de las fuerzas armadas el año pasado estaba relacionada con la corrupción.

Para numerosos expertos internacionales ésta es la punta del iceberg porque los tentáculos de la corrupción acarician también la economía, la educación, la sanidad y por supuesto, la política. Así, Transparency International señala a Rusia como uno de los países más corruptos del mundo en su último índice de percepción de la corrupción, compartiendo posición con otros estados como Mauritania, Nigeria y Bielorrusia, entre otros.

Caza al soborno

Aunque oficialmente la corrupción ha sido reconocida como uno de los mayores males de Rusia a combatir, lo cierto es que existe cierta tolerancia y que las iniciativas para frenarla son pocas y recientes. Entre ellas, este mes el gobierno ruso reafirmó su intención de formar parte de la Convención Anti Soborno de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que prohíbe los gastos de sobornos en el extranjero por parte de las empresas de cada país miembro, algo que hasta 1999 era ampliamente tolerado e incluso se trataba de un gasto deducible de impuestos en al menos 14 países.

De esta manera, Rusia debería poner en marcha nuevas leyes contra la corrupción que coincidan con las exigencias de la convención ,aceptar las posibles visitas in situ por parte de distintos expertos y a investigar a aquellas empresas rusas señaladas en los informes de la OCDE acusadas de sobornar a funcionarios de otros países. Habrá que observar cómo evoluciona su implantación en un país tan tolerante con determinadas prácticas.

La reducida presencia de numerosas empresas extranjeras, que deciden abandonar Rusia o que directamente rechazan instalarse en el país, es una de las consecuencias de este fenómeno. Varias firmas occidentales han acusado a agentes públicos de exigir comisiones a cambio de facilitar la puesta en marcha de un negocio o según se mire, para evitar un bloqueo burocrático que impida su funcionamiento.

Iniciativas ciudadanas

Las acusaciones de fraude electoral en las pasadas elecciones parlamentarias y sus consecuentes manifestaciones, el debate que se trasladó a la opinión pública rusa… todo esto ha puesto en guardia a observadores electorales y ha impulsado iniciativas ciudadanas cuyo objetivo es que sobre las próximas elecciones presidenciales no exista ninguna sospecha de ilegalidad. La propuesta de Alexey Navalny, un abogado conocido por denunciar en su blog casos de corrupción dentro del sistema judicial ruso y cuya detención en diciembre del año pasado despertó numerosas críticas, es una de las que ha adquirido más popularidad.

Bajo el nombre de RosVibori, Navalny ha lanzado un proyecto que pretende reclutar voluntarios para que ejerzan de observadores electorales junto a los candidatos de Rusia Justa y otros partidos minoritarios, ya que la ley electoral rusa solamente permite a los partidos políticos y a medios de comunicación enviar observadores electorales. Su plan es colocarlos especialmente en aquellos lugares donde el riesgo de fraude es mayor, para evitar que se reproduzcan algunas de las denuncias de las pasadas elecciones. Los voluntarios se apuntan a esta iniciativa a través de su página web, donde además explica algunas claves para los voluntarios y ofrece un manual para convertirse en observador de las elecciones rusas “en poco tiempo”.

Frente a la inmovilidad de gobierno y jueces, partidos políticos y organizaciones aseguran que lo ocurrido en diciembre ha animado a muchos ciudadanos a presentarse en formaciones minoritarias para ejercer como observadores de forma voluntaria, gratuitamente incluso, demostrando una nueva toma de conciencia.

Los resultados oficiales de las elecciones legislativas del pasado 4 de diciembre han dado como vencedor a Rusia Unida. Le siguen el Partido Comunista, la formación Rusia Justa y el Partido Liberal Demócrata. Si atendemos a los números, los casi 15 millones de votos menos que ha recibido Rusia Unida dejarían entrever un descontento civil y un desgaste de la imagen del propio Vladimir Putin, presente en la política rusa para el gran público desde el año 2000. Y poco más, porque Rusia Unida ha conseguido casi el 50% de los votos, un respaldo indudablemente importante. Pero esta es una lectura partiendo de unos resultados oficiales, que no comparte buena parte de la población rusa.

Objetivo Internet

Runet, el internet ruso, está en ebullición. Hierve desde hace tiempo aunque su potencia aumentó la semana previa a las elecciones parlamentarias del pasado 4 de diciembre, cuando numerosos analistas políticos comenzaron a aventurar que el distanciamiento entre Rusia Unida y su electorado tendría su eco electoral. Y que por lo tanto estos comicios serían un preludio de las elecciones presidenciales de marzo de 2012.

El 4 de diciembre blogueros, activistas y civiles publican vídeos y fotografías[1] que cuestionan la veracidad o la limpieza –escojan el sinónimo que prefieran- de estas elecciones. Las denuncias incluyen desde votos por correo que no llegan a las urnas, falsificaciones gracias al cupón de votación (un documento que permite votar en un colegio distinto del que se está empadronado), observadores expulsados de colegios y recuentos finales de votos que habrían sido modificados sobre la marcha. Todas estas acciones fraudulentas encuentran su hueco en la red a pesar de que varias webs conocidas por oponerse a la información oficialista amanecen ese día bloqueadas.

¿Como sera la nueva Duma?

Parece que los resultados oficiales no permiten hacer una decidida lectura en clave de política interna más allá de un supuesto aumento en número de votos del Partido Comunista y de Rusia Justa, y del retroceso de Rusia Unida. Sin embargo, es incontestable que hay una nueva variable: las protestas en internet y en las calles (en las que ha habido miles de detenidos)[3] por parte de una sociedad que desde aquí a veces se ha creído dormida, asusta al gobierno ruso y ha dañado públicamente la imagen de Vladimir Putin.

El actual primer ministro ruso ha lanzado balones fuera en el sentido estricto de la expresión: se ha concentrado en responder a las acusaciones de fraude que han llegado desde otros países, especialmente de Estados Unidos, retomando el lenguaje propio de la Guerra Fría, señalando a Washington como incitador de las movilizaciones. De esta manera, Medvedev se ha quedado al frente de la contestación interna: a él le toca utilizar el tono de tranquilidad y hacer la promesa de una futura investigación en profundidad.

En este contexto, ¿qué legitimidad tendrá la nueva Duma, si llega a formarse? Porque no parece que desde el gobierno ruso se contemple la opción de anular estos resultados ni de repetir los comicios ya que  esto implicaría el reconocimiento implícito de fraude, o mejor aún, de que para Rusia Unida, el principal partido del parlamento ruso, existe un “todo vale” en su connotación más antidemocrática.

Con dos condenados oficialmente por la muerte de Anna Politkovskaya,  Rustam Majmúdov y Dmitri Pavliuchenkov, en el anonimato permanece el nombre de la persona que dio la orden. La muerte de la periodista de Novaya Gazeta sigue siendo uno de los casos más ilustrativos de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con la libertad de prensa en Rusia.

Entre los 10 países más peligrosos para la prensa

Reporteros Sin Fronteras, en su informe sobre la libertad de prensa en el mundo de 2010, recuerda que es un territorio arriesgado para los periodistas: el asesinato de Magomedvagif Sultanmagomedov, jefe de la televisión Makhachkala TV en la República de Daguestán, y las tres denuncias por agresiones entre ellas la sufrida por el periodista del diario Kommersant Oleg Kashin en Moscú, grabada por cámaras de seguridad y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, suponen el balance del año.

Para el Comité para la Protección de los Periodistas, Rusia se encuentra entre los diez países del mundo donde es más complicado castigar los delitos contra la prensa aunque en su Índice de Impunidad publicado en junio de este año aventura cambios debido, precisamente, a las condenas por los asesinatos de la reportera Anastasiya Baburova y del abogado Stanislav Markelov.

La impunidad abre la puerta a la autocensura

Las investigaciones de estas organizaciones tienen sus límites y en ocasiones, no pueden ser concluyentes. Sin el respaldo policial  ¿cómo determinar que un asesinato se produce en represalia a un determinado trabajo? ¿Cuántas causas judiciales no se disfrazan de crímenes comunes, indicando como motivos la mala fortuna de encontrarse en el lugar inadecuado con la persona inapropiada?

Aunque no fuera el caso de Politkovskaya, que se volcaba en la defensa de los derechos de la población civil chechena llegando incluso a posicionarse políticamente, este vacío legal suele invitar al silencio de los propios periodistas sobre determinados temas.Y es la autocensura el efecto más perverso: para los grupos de poder, pura magia donde de forma gratuita y sin apenas marcharse las manos consiguen ejercer su influencia sobre la población.